Una tercera parte de los 59 detenidos por el asalto del futuro centro de internamiento de extranjeros (CIE) del Cuerpo Nacional de Policía en la Zona Franca son italianos. Por este motivo, la policía investiga si hay relación entre los implicados con grupos anarquistas de Italia que protagonizaron episodios violentos en Barcelona. El colectivo que representa a los detenidos lo negó ayer e insistió en que los 18 italianos arrestados no tienen antecedente policiales y que la ocupación del futuro CIE de la Zona Franca fue pacífica.
Las mismas fuentes policiales indicaron que de los 59 detenidos, 33 son españoles. El resto proceden de seis países distintos: Italia (18), Francia (4), Suecia (1), Suiza (1), Alemania (1) y Argentina (1). Dos de los españoles, periodistas, quedaron en libertad el mismo sábado por la noche, horas después de que se produjera la entrada en las dependencias policiales de la Zona Franca.
Enrica Rico, abogada italiana que participa en la Liga Europea por la Libertad de Movimientos de los Emigrantes, que organizó entre otros actos la ocupación del CIE de Zona Franca, negó totalmente que la presencia de italianos entre los detenidos tenga relación con acciones violentas, como los incidentes ocurridos en Gràcia (agosto 2005) o el artefacto explosivo contra el Instituto de Cutura Italiano de Barcelona (julio 2005). “Somos solo personas que apoyamos a los inmigrantes y que estamos en oenegés y sindicatos”, afirmó Rico.
TERGIVERSAR – Arcadi Oliveras, presidente de Justícia i Pau, también salió ayer en defensa de los detenidos y denunció “la voluntad policial de tergiversar las cosas”. “No es cierto –añadió– que que se relacione a los detenidos con acciones criminales y pedimos responsabilidad informativa en este caso”.
El Cuerpo Nacional de Policía informó el sábado en una nota de prensa de que los detenidos tenían “estética okupa y corte anarquista y radical, posiblemente pertenecientes a grupos antisistema, simpatizantes de algunos detenidos en operaciones policiales anteriores por la colocación de artefactos explosivos”.
Jaume Asens, abogado de los detenidos, entre los que se encuentran dos abogados, explicó a este diario que la entrada en el recinto policial se hizo sin violencia y que el único incidente que se produjo fue el desmontaje de dos cámaras de vídeo, algo que no estaba previsto por los organizadores, que incluso contaban con un equipo de asesoramiento legal para que la acción se desarrollara sin problemas.
Pero la policía no piensa lo mismo. El peritaje de los supuestos daños en el futuro CIE fija su coste en 85.000 euros, según fuentes policiales, que subrayaron que dos de los detenidos, españoles, “tienen requisitorias de la comisaría de Nervión (Sevilla) por estar presuntamente involucrados en un robo con violencia”. La policía imputa a los detenidos, que hoy pasarán a disposición judicial, delitos de daños y desórdenes públicos, aunque Asens duda de que prosperen estas acusaciones. Añadió que prepara una querella por detención ilegal. Además el Col.legi d’Advocats podría actuar en defensa de los letrados arrestados.
