“Los propietarios son reticentes a alquilar sus viviendas a extranjeros dejándose llevar por prejuicios y estereotipos”, lamenta Zakaria Zaidi, del departamento de Migraciones de UGT.
Cándida Pulido, del Foro para la Inmigración, denunció que, en muchos casos, a los inmigrantes se les piden precios abusivos para que desistan en su intención de alquilar el inmueble. En algunos casos, según Pulido, se llega a pedir hasta 300 euros por habitación, y existe constancia de algunos inmigrantes que viven hacinados en una sola habitación.
“No se puede hablar de una integración de los inmigrantes cuando no se les tiene en cuenta un derecho fundamental, como es el de una vivienda digna; ésta es una de las causas que inducen a la exclusión y la marginación del colectivo”, sostiene Zakaria Zaidi, que pide a las Administraciones que tomen cartas en este asunto o, en caso contrario, se verán obligados a emprender acciones legales.
En esta línea, un estudio editado por el Consejo Económico y Social (CES) de Jaén y realizado por la profesora de la Universidad de Granada Raquel Martínez ya advertía de que “la mal llamada diferencia racial dificulta el acceso a la vivienda, tanto en régimen de cesión como de alquiler y, por tanto, el asentamiento en una determinada localidad”.
La Junta intensificó al inicio de la actual campaña olivarera de Jaén el llamamiento a los empresarios para que se acojan a las ayudas para alquiler de viviendas a los inmigrantes temporeros. Incluso hay algunos sindicatos que abogan por incluir en el convenio del campo la obligatoriedad de que el empresario facilite vivienda a los trabajadores.
Para UGT, una de las alternativas para solucionar este problema sería que las administraciones, principalmente los ayuntamientos, gestionasen una bolsa de viviendas en alquiler, convirtiéndose a su vez en garantes para los propietarios. “No se puede permanecer pasivos, pues en el fondo se esconde una actitud hipócrita”, afirma Zaidi.
