“No busque las reglas de enfrentamiento porque no las hay”, respondía ayer un mando militar al preguntarle por las órdenes que llevan los comandantes de los buques que participan en la Operación Noble Centinela, encargada por el Gobierno al Estado Mayor de la Defensa para frenar la última oleada de cayucos llegada a Canarias. Los militares asignados al dispositivo aeronaval, unos 150 en total, tienen instrucciones de no intervenir cuando divisen una embarcación con inmigrantes, salvo que su vida corra peligro inminente, por lo que se limitarán avisar a los responsables de Interior.
En total, tres buques y tres aviones han sido asignados a la misión: dos patrulleros de altura y uno de vigilancia costera. Dos de los barcos (el Centinela y el Tagomago) tienen su base en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el tercero se ha desplazado desde Ferrol. Respecto a los aviones, participan dos Fokker 27 de la base de Gando y un C-212 de patrulla marítima enviado desde Son San Joan (Mallorca).
El objetivo de la misión es el control del espacio aéreo-marítimo entre Canarias y la costa africana, la disuasión frente a las mafias que se dedican al tráfico de seres humanos y la obtención de información anticipada sobre la llegada de inmigrantes.
El dispositivo aeronaval se situará al sur del archipiélago, dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que abarca hasta 200 millas, aunque también se contemplan actividades en la llamada área de tránsito y en la de origen, frente a Mauritania y Senegal. Los aviones, con una autonomía de 11 horas de vuelo y 1.000 millas náuticas en el caso de los Fokker, podrían operar cerca de la costa continental.
La operación se ha bautizado como Noble Centinela, un nombre que evoca las maniobras de la OTAN, que utilizan con frecuencia la palabra noble, escrita igual en español e inglés. Por vez primera, aunque la vigilancia marítima es una misión permanente de los ejércitos, se ha encomendado al Mando de Operaciones.
Mecanismos de coordinación
Como ya sucedió con la vigilancia de la frontera de Ceuta y Melilla, el dispositivo se limitará a prestar apoyo a los responsables del Ministerio del Interior en una zona que está fuera del alcance de las patrulleras de la Guardia Civil del Mar, por lo que se establecerán mecanismos de coordinación, pero sin que los mandos puedan detener a personas o interceptar buques.
Cuando divisen una embarcación con inmigrantes, los comandantes de la Armada avisarán al servicio de rescate y a la Guardia Civil y quedarán a la espera de instrucciones. Su comportamiento se decidirá “caso por caso”, aunque lo lógico, según las mismas fuentes, es que, si se trata de un buque sospechoso, se le siga e identifique.
La misión primordial de los barcos militares no es auxiliar a los inmigrantes, señalaron las mismas fuentes, aunque estos, como cualquier otro buque, están sujetos a las leyes del mar, que obligan a socorrer a quienes se encuentren en riesgo de naufragio.
En todo caso, el empleo de unidades militares para combatir la inmigración ilegal es un tema delicado. La prueba es que en la reciente ley de Defensa Nacional no se quiso incluir entre las misiones de las Fuerzas Armadas, mientras que sí se mencionó su apoyo a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el terrorismo.
