Washington, 2 de mayo. Los cancilleres de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana urgieron hoy a Estados Unidos a aprobar una reforma migratoria integral que legalice a los indocumentados, reunifique a las familias y cree un flujo legal y seguro.
“Estados Unidos tiene el derecho soberano a decidir lo que considere más conveniente, pero debe reconocer que debemos trabajar juntos en el tema”, argumentó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, en una conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca del Congreso federal, en Washington.
Por su parte, el canciller de El Salvador, Francisco Laínez, aseguró que los países latinoamericanos tienen la obligación de participar en el debate, porque “nuestra gente está aquí”.
La propuesta más osada vino del nicaragüense Norman Caldera, quien llamó a abrir las fronteras del hemisferio no sólo a productos, servicios e inversiones, sino también al tránsito de personas. “Existe preocupación de que la mariposa monarca pueda trasladarse de un país a otro, pero no de que pueda hacerlo Juanito Pérez. La globalización se está dando de manera injusta: se globalizan los mercados y los capitales, pero no hay globalización de seres humanos, de los mercados laborales”, agregó Caldera.
Dijo que sólo quería “poner sobre la mesa” que existe otro modelo de integración que el que se está utilizando en las negociaciones de libre comercio entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, que es la que utilizó la Unión Europea.
En este modelo alternativo, observó Caldera, no sólo se liberó el mercado laboral de todos los países miembros del bloque, sino que además hubo transferencia de recursos de las economías más fuertes a las más precarias, y por “montos mucho más significativos que los relativamente débiles de los Compromisos del Milenio”.
Los cancilleres coincidieron en la importancia clave que tiene para sus países que se adopte una reforma migratoria integral, que permita legalizar a los millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, la gran mayoría de los cuales son latinoamericanos.
Laínez, por ejemplo, observó que hay 2 millones de salvadoreños en territorio estadunidense, y propuso que se cree un programa de trabajadores temporales al que puedan acogerse los migrantes que hoy están bajo el Estatus de Protección Temporaria y bajo la ley de Alivio Centroamericano y Ajuste Nicaragüense de 1997.
“La creación en Estados Unidos de un programa de trabajadores temporarios es indispensable para El Salvador, que recibe más de 50 por ciento de su producto interno bruto en remesas desde ese país.”
