Así como el Continente africano es el lugar más pobre del mundo, América Latina es la región que registra la mayor desigualdad. Un hombre en un barrio pobre de Buenos Aires, nace con una esperanza de vida significativamente menor que otro en una zona rica de la misma ciudad.
Sucede que en el mundo actual la vida de las personas desde su nacimiento hasta su vejez está dominada por una marcada desigualdad socio económica, sin embargo en Latinoamérica esos niveles de desigualdad son verdaderamente escalofriantes, al punto que rompen el orden socio cultural.
Según el último informe sobre desarrollo humano 2019 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Latinoamérica el 10% más rico concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región del planeta: 37%, mientras que el 40% más pobre recibe la menor parte: 13%.
Por ejemplo, un niño nacido en Berlín – o en cualquier ciudad promedio del norte global – tiene altas probabilidades de transitar su vida dignamente y llegar a la vejez, pero si ese niño nace en un barrio pobre latinoamericano, tendría una posibilidad entre cuatro de morir antes de los 40 años de edad. Cifra que se agrava si directamente nace en un barrio de emergencia, villa miseria o favela; o bien, directamente en cualquier ciudad centroamericana.
Ese niño berlinés seguramente logrará asistir a un colegio con razonables estándares de educación y también, probablemente, llegará a una ancianidad acompañada y digna, sin embargo, aquel niño latinoamericano irá a la escuela cuando le toque el turno de las zapatillas que comparte con los hermanos o cuando no tenga que salir a ganarse la comida para vivir.
Bajo esta realidad de pobreza estructural, de absoluta falta de infraestructura, de debilidad o directamente ausencia de los Estados frente a los podes económicos y corporativos y los altos índices de violencia institucional, se genera un circuito migratorio constante y creciente entre los distintos países latinoamericanos hacia los denominados países del primer mundo, especialmente hacia los EEUU y hacia los países europeos de tradición latina.
Se estima que actualmente en la región aproximadamente 50 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento forzadas por el exilio económico. Ahora bien, detrás de esa cifra están todos aquellos que no lograron cruzar la frontera, lo cual significa que fueron asesinados o detenidos en el intento. Esta realidad de exilio, migrantes, detenidos y asesinados, conlleva a la destrucción del plan de vida familiar latinoamericano.
Por ejemplo, Estados Unidos en toda la extensión de sus fronteras con México cuenta con campos de detención de migrantes, los cuales no superarían un mínimo test constitucional o de derecho internacional de los derechos humanos.
En el año 2018, casi 400.000 personas quedaron a disposición del Immigration and Customes Enforcement (ICE) de los cuales muchos de ellos eran niños, niñas y adolescentes. En el año 2019, se registraron 2.000 niños y niñas retenidos al día por la US Border Patrol y separados inmediatamente de sus padres.
Evidentemente la democracia latinoamericana ha sido derrotada por la desigualdad y no ha conseguido garantizar los derechos fundamentales de millones de seres humanos que desde hace tiempo intentan solo sobrevivir.
Latinoamérica está poblada por sobrevivientes, por trabajadores degradados, por jubilaciones mínimas, por millones de hombres y mujeres que huyen del hambre, por batallones de desempleados, por violencia institucional, por sistemas jurídicos indiferentes y por burocracias indignantes. Pues debemos destacar que todo esto sucede frente a estantes repletos de tratados, convenciones y documentos internacionales en materia de derechos humanos, y ante la mirada inútil de sus respectivos órganos jurisdiccionales de contralor.
Lamentablemente en la región, el derecho internacional de los derechos humanos y su correspondiente ingeniería de cortes y comisiones encargados de velar por la promoción y control de los respectivos plexos normativos, se han convertido en pura burocracia sin impacto sobre la realidad.
En consecuencia son los Gobiernos quienes fuerzan constantemente la migración y el exilio, al ser cada vez menos capaces de evitar el deterioro económico de sus pueblos, de sus trabajadores, de sus estudiantes, de sus jóvenes; gobiernos incapaces de asegurar una vejez digna a sus ciudadanos, que no consiguen controlar la concentración de la riqueza, del capital y de la información, que no logran resolver el fenomenal flagelo del crimen organizado, del narcotráfico, la trata de personas, la cibercriminalidad y la contaminación ambiental, todo lo cual avanza ante el mármol de las instituciones y a la vista de todos.
En ese contexto los gobiernos son los principales responsables de las tremendas crisis migratorias que padece Latinoamérica y han quedado expuestos ante la mirada de la mayoría como verdaderas construcciones obsoletas, como un conjunto de instituciones inútiles y prácticas políticas que no resuelven los verdaderos problemas de las personas.
La consecuencia de este fenómeno es que las formas políticas de representación y de gestión tradicionales, no solo dejaron de contar con la confianza popular, directamente las mayorías las asumen como parte de sus problemas y por ello deciden irse de sus respectivos países.
La democracia latinoamericana, padece semejante crisis de confianza que excepcionalmente algo que provenga del régimen actual podrá resolver estos problemas, pues el esquema institucional latinoamericano vigente no hace más que deteriorar día a dia y gradualmente la calidad de vida de las personas y generar cada vez más corrientes migratorias.
Guido Risso
Profesor ordinario de “derecho constitucional” Universidad de Buenos Aires, Argentina
Catedrático de “derecho político” Universidad de San Isidro-Placido Marin, Argentina
Doctor en Ciencias Jurídicas, Especialista en Constitucionalismo y Abogado.