El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha pedido a España que garantice medidas humanitarias de control fronterizo que no conduzcan a violaciones de derechos humanos después de que al menos 37 personas migrantes murieran el mes pasado al intentar saltar la valla fronteriza que separa Marruecos de Melilla.
Tras el trágico intento de entrada de al menos dos mil personas por la valla fronteriza el 24 de junio pasado, la comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, envió una carta al ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, en la que pedía una investigación sobre las muertes de las personas de origen africano en la peor tragedia ocurrida en el paso de Melilla, uno de los dos accesos terrestres junto con Ceuta, más al oeste, de la frontera sur de Europa.
En la carta, que se hizo pública el pasado miércoles, Mijatovic señaló que los estados miembros del consejo no deben contribuir a las violaciones de los derechos humanos mientras implementan las medidas adoptadas para hacer cumplir su cooperación migratoria con terceros países.
España y Marruecos tienen un acuerdo sobre control migratorio y ambos países coordinan acciones para evitar las entradas irregulares de personas migrantes, en las dos fronteras terrestres y en las vías marítimas, desde la ruta canaria a las rutas atlánticas y del Mediterráneo Occidental.
La comisionada del Consejo de Europa para los derechos humanos pidió a España que mejore la transparencia y la rendición de cuentas sobre las prácticas de control fronterizo en casos de expulsión mediante la realización de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, el desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos y la garantía de un seguimiento independiente del impacto sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes.
El ministro del interior español, Grande Marlaska, aseguró a la institución europea que la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo están investigando los sucesos ocurridos el pasado 24 de junio en Melilla. También reafirmó el compromiso del Estado español con la defensa de los derechos y la vida de los migrantes.
Marlaska reveló que, desde 2018 hasta junio de 2022, 177.091 personas habían entrado irregularmente en España por mar, la mayoría de las cuales fueron trasladadas a la costa en operaciones de rescate.
Por último, el ministro recordó que todos los procedimientos de expulsión, devolución y denegación de entrada en España se realizan de conformidad con la ley.
Marruecos culpa a España
El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, órgano consultivo patrocinado por el rey Mohamed VI, presentó el mismo miércoles las conclusiones del informe preliminar para construir los hechos de lo sucedido durante los «enfrentamientos sin precedentes en el paso de Melilla».
En una comparecencia ante los medios en Rabat, la presidenta del CNDH, Amna Bouayach, presentó las conclusiones preliminares de la investigación del Comité de Reconocimiento para reconstruir los trágicos y violentos incidentes ocurridos en el paso Nador-Melilla en la mañana del viernes 24 de junio de 2022.
Bouayach expresó la profunda tristeza del consejo por la pérdida de vidas y lesiones registradas como resultado de que «miles de migrantes intentaran cruzar colectivamente la valla fronteriza» que calificó de «trágico y sin precedentes» enviando sus más sinceras condolencias a las familias de las personas migrantes fallecidas.
El documento presentado incluye dieciséis páginas que es el resultado de los datos recogidos y los testimonios escuchados sobre la forma en que los migrantes treparon la valla de hierro entre Nador y Melilla. Marruecos sigue asegurando que el número de muertos llegó a 23 y reconoce que hubo enfrentamientos entre las personas migrantes y la Gendarmería Real que también dejaron, según cifras oficiales, 217 heridos entre ellos 140 miembros de la fuerza pública y 77 migrantes.
El Informe indica que las muertes registradas, según las pruebas forenses realizados a los cuerpos de las víctimas, se debieron a asfixia mecánica provocada por la estampida, congestión y caída desde lo alto de la valla, así como a la estrechez de espacio y la acumulación de una gran cantidad de migrantes en la angosta calle de separación del cruce, cuyas puertas estaban cerradas. Aunque dichas evidencias aún no son concluyentes, presumiblemente hubo un excesivo uso de la violencia por la policía marroquí.
Testimonios de algunos migrantes que estuvieron en el intento de salto ese día confirman a este medio que muchos murieron por un mal golpe después de que un tramo de la valla se viniera abajo. Él sobrevivió a la estampida y nos cuenta cómo logró evitar ser capturado o lo peor, golpeado o muerto. «Yo corrí hacia el otro lado y escuché detonaciones. Mi amigo Ricky, con el que venía desde el monte, corrió hacia la policía que estaba debajo de la valla; de repente lo vi caer fulminado en la fosa. A mi amigo lo mataron de un tiro en la cabeza», dice. Y acusa: Marruecos es el verdugo.
El consejo también quiso informar que los cuerpos de los migrantes muertos no fueron enterrados horas después del «asalto a la valla» y que los miembros del comité confirmaron la cantidad de cuerpos durante su visita a la morgue de Nador y agregaron que el comité regional del Consejo está siguiendo las autopsias y análisis de ADN como la única forma de determinar la causa de las muertes.
Bouayache se mostraba enfadada y criticaba la «distribución de imágenes falsas y publicaciones en redes sociales que nada tienen que ver con estos enfrentamientos», lo que a su juicio provocó una profunda confusión en la opinión pública nacional e internacional sobre denuncias del uso de balas y mala atención médica.
Lo que no ha previsto la presidenta del organismo de Derechos Humanos marroquí es que esas imágenes no pueden estar grabadas nada más que con los dispositivos móviles de las propias fuerzas de seguridad marroquí que a la vez las filtran a las oenegés que trabajan en la zona.
Una absurda apreciación intentando de nuevo confundir, como ocurrió en la crisis fronteriza en Ceuta en mayo del pasado año cuando Marruecos cuestionaba y hablaba de «fake news» la labor de la Guardia Civil española a la hora de sacar a las personas que cruzaron a nado y que las fuerzas marroquíes alentaron e incluso no hicieron nada para ayudar a sus propios ciudadanos que se encontraban en peligro.
El informe sostiene que «la Guardia Civil española patrulla a lo largo de la valla y vigila la frontera las 24 horas. Sin embargo, los sofisticados dispositivos de vigilancia no han logrado evitar que los migrantes la crucen; no se evitaron muertes». Y sorprendentemente acusa que «España no proporcionó la asistencia y el auxilio necesarios a los migrantes»
El peligro del gran número de migrantes armados con palos y piedras, fue el argumento que esgrimieron para justificar el desmedido uso de la fuerza por parte de los gendarmes contra las personas migrantes.
La mayoría de las muertes se produjeron por asfixia mecánica, según las pruebas forenses, aunque aún no son concluyentes, presumiblemente hubo un excesivo uso de la violencia por la policía marroquí.
El comité destaca la importancia de profundizar la investigación judicial para incluir todos los aspectos de los enfrentamientos y la proporcionalidad del uso de violencia, presentar los resultados de las investigaciones a la opinión pública y determinar responsabilidades.
El Consejo también pidió fortalecer las medidas para mantener el orden en el área de la valla para garantizar la seguridad de las personas, y señaló que el enfoque de la Unión Europea, en particular, en el campo de la migración, que se limita a cerrar sus fronteras y fomentar la gestión de los flujos migratorios por parte de los países vecinos, sólo conducirá a calamidades y tragedias.
En el mismo contexto, el Consejo ha expresado su pesar por la gestión de la migración por parte de los países de Europa, especialmente para los migrantes de Oriente Medio y concluye subrayando la necesidad de adherirse a los principios de necesidad y proporcionalidad, cualesquiera que sean las circunstancias, para proteger la integridad física de las personas migrantes.
